El 23 de noviembre de 2001 supuso un antes y un después en la era digital. Se dio comienzo al acuerdo internacional más importante en materia de cibercrimen, ya ratificado por casi 70 países. En él se busca defender al ciudadano de los delitos informáticos a través de la cooperación de todos los países firmantes y de un uso responsable y adecuado de las nuevas tecnologías en su desarrollo. Nace así el Convenio de Budapest, auspiciado por el Consejo de Europa, y se establece como la única normativa que tipifica y regula a nivel internacional delitos de derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil, delitos de odio y violaciones de seguridad de red.
Con este acuerdo se consigue estipular una serie de definiciones homogéneas en lo referente a delitos informáticos. Desde ese momento, por ejemplo, un fraude informático será considerado lo mismo en España, en EE.UU. o en Japón. El Convenio también supone que los países firmantes consigan una mayor colaboración entre ellos a la hora de ser víctimas de delitos informáticos. Se convierte así en una colaboración segura, eficiente y perdurable. El acuerdo está abierto para todo el planeta y hoy ya son 68 estados los que lo han firmado para adherirse y forman parte de él.
Desde entonces, se han aprobado dos protocolos adicionales que modifican y actualizan el texto del Convenio original: el primero, de 2003, sobre penalización de actos de naturaleza racista y xenófoba cometidos a través de sistemas informáticos y el segundo, de 2021, relativo a la cooperación reforzada y la divulgación de pruebas electrónicas.
Llegados a este punto, el 12 de mayo de 2022 España firma dicho Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Budapest. Éste mejora y complementa lo establecido lo firmado en Budapest en 2001. Se tiene como objetivo consolidar la unión en materia de cooperación internacional y facilitar la obtención de pruebas electrónicas para conseguir respuestas más eficientes en las investigaciones criminales contra el ciberdelito.
Pero, ¿Es importante el Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Budapest para las policías? La respuesta es afirmativa. El motivo es el simple hecho de que cualquier mejora substancial en la normativa legal, permitirá a gran escala una mejora para la sociedad.
Hasta el día de hoy, partiendo de la base de que el creciente uso de las tecnologías de la información, junto con el mayor uso de Internet en los últimos años y el avance de la ciberdelincuencia, provoca que se busque mejorar en materia de ciberseguridad global. Es de destacar que, para los estados parte del Consejo de Europa, la ciberdelincuencia es considerada como un fenómeno que atenta gravemente contra los derechos humanos de sus ciudadanos. De ahí que cobre tal importancia la búsqueda de mejoras que contribuyan a luchar contra este tipo de delincuentes.
Entre las novedades a destacar de este protocolo, prima por encima del resto la posibilidad en poder solicitar directamente a una entidad que proporcione servicios de registro de nombres de dominio en el territorio de otro estado parte del convenio para obtener información en posesión o control de la entidad. Es decir, un medio de colaboración más efectivo, más rápido y directo. Los cuerpos policiales podrán comunicarse directamente con empresas internacionales para obtener los datos necesarios en sus investigaciones. Evitando así la dilatación de procedimientos y plazos, en las que se consiguen informaciones que no son realmente las que se intentaban adquirir en las solicitudes previas. Así, desde ahora se pueden conseguir inmediatamente, mejorando la capacidad y la calidad del trabajo policial.
El mayor miedo para un policía judicial es, a la hora de entregar el atestado, dejarse un cabo suelto que tire por la borda todo el trabajo realizado durante meses, ya no solo el propio, sino el del conjunto de un equipo de investigación formado por más integrantes que trabajan de la mano. Por ello, es importante que todas las pruebas conseguidas sean de acuerdo con la normativa legal y no sean ilícitas en la hora y forma de conseguirlas.
Dentro de este acuerdo, se establece que las autoridades protagonistas en los procesos de investigación, tendrán acceso a la información recolectada en otros estados miembros por parte de los proveedores de servicios, pudiendo solicitar, en situaciones de emergencia, dicha información sin solicitud formal. Esta nueva reformulación permite a los policías no cometer errores básicos que podrían proliferar por el nerviosismo generado ante una investigación urgente. Esta circunstancia facilita que los policías reduzcan ese temor a equivocarse o incluir esa prueba ilícita conseguida de buena fe pero que altera la investigación beneficiando al investigado, por incumplir plazos, por no cumplimentar solicitudes o por no realizar una comunicación en tiempo y modo. Por otro lado, esa urgencia mejora la rapidez de la investigación ya que, en numerables ocasiones, no se puede avanzar en un procedimiento por no tener cierta información. La sociedad suele quejarse de los plazos de la Justicia. Pues, con este avance, se ha ganado en menos tiempo para la resolución y menos fallos dentro del informe.
Una vez más, los cuerpos policiales han ganado más herramientas para defender a la sociedad dentro del mundo online. ¿Es suficiente? No. La humanidad está avanzando a pasos agigantados cada día que pasa en cuanto a tecnología. El legislador no siempre es consciente de que la normativa va años luz en comparación con la realidad actual de las Tics, pero es de agradecer cada pequeña contribución que nos ayude cada día a defender al ciudadano. Se solicita más, España tiene unos grandes profesionales en el sector de la seguridad, pero como en todos los ámbitos, a mayor medios e infraestructuras, se conseguirán beneficios que repercutirán en todos.
Para acabar, en tiempos difíciles de ciberdelincuencia, es labor de todos contribuir en la seguridad, comenzando desde el gobierno, pasando por jueces y acabando por toda la ciudadanía, contribuyendo la sociedad en su conjunto. Una comunidad unida en lucha contra este problema permitirá a policías poder tener un mayor número de recursos para conseguir hacer descender los delitos en redes.
