31 de diciembre de 2009 es la fecha en que todas las Administraciones Públicas deben estar plenamente accesibles en la Red. Así, recurrir una multa, pedir una licencia o gestionar una beca se podrá hacer íntegramente por Internet.
El artículo 6.1 de la Ley 11/2007 lo reconoce un verdadero derecho de los ciudadanos así como el de no volver a aportar los datos y documentos que ya obren en poder de las Administraciones Públicas, conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de nuestros expedientes y obtener copias electrónicas de los documentos administrativos.
Para ello, nos podremos identificar mediante el uso de cualquier sistema de firma electrónica.
Sin embargo, aún estamos lejos del ambicioso objetivo definido en la LAE de cumplirlo a fecha de 31 de diciembre de 2009. La LAE sólo obliga al cumplimiento de dicho plazo a la Administración General del Estado, el resto lo supedita a la disponibilidad presupuestaria que es una excusa propiciatoria
y más en época de crisis.
Sin embargo, la digitalización de documentos y el uso generalizado de Internet en los procedimientos administrativos conllevará un importante ahorro del gasto público, sin hablar de los enormes beneficios para el ciudadano.
Por ello, creo que ya ha llegado la hora de decir bien alto: ¡Administración Electrónica ya!